12 NOVIEMBRE 2020

El Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo de Guinea Ecuatorial (CEID), la Comisión Ecuatoguineana de Juristas (CEJ) y EGJustice apelan al Gobierno a eliminar todas las trabas a la libertad de asociación, de expresión y de reunión causantes del rechazo de la solicitud de Guinea Ecuatorial para acceder a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI).

El pasado 15 de octubre, el Consejo Directivo del EITI dio por retirada la solicitud de adhesión presentada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial. En la decisión del EITI, además de los retrasos causados por la pandemia, ha pesado el hecho de que la Sociedad Civil ecuatoguineana sigue sin poder actuar ni desenvolverse libremente. Tras el fracaso del año 2010, esta decisión supone la segunda ocasión en la que el Gobierno de Guinea Ecuatorial no consigue superar el proceso de admisión.

“Ésta es una oportunidad para que el Gobierno resuelva a favor el recurso presentado por CEID contra su prohibición a tenor de los argumentos injustos y de las nefastas consecuencias para la imagen del país y para la ciudadanía en general”, declaró Alfredo Okenve, vicepresidente de CEID. “No se debería privar a la Sociedad Civil ni a los ciudadanos de participar en el desarrollo de una Guinea Ecuatorial, que es de todos y todas”, insistió.

La disolución del CEID a mediados de 2019, las constantes detenciones, acoso, encarcelamientos y torturas de prominentes defensores de Derechos Humanos como Joaquín Elo Ayeto (alias Paysa) o del propio vicepresidente de CEID, Alfredo Okenve, evidencian el nulo compromiso del gobierno de Guinea Ecuatorial por el respeto de las libertades de asociación, expresión o reunión.

También en 2019, cinco relatores de Derechos Humanos, entre los que se encontraban el de Libertad de Asociación y el de Defensores de Derechos Humanos, dirigieron una carta al presidente de Guinea Ecuatorial para exigir aclaraciones sobre el acoso a CEID, mencionando en particular la dimisión de Alfredo Okenve del Comité Nacional del EITI que se produjo desde los calabozos de la comisaría central de Malabo, donde estuvo injustamente detenido sin cargos en abril de 2017. Además, durante la evaluación del Comité de Derechos Humanos y el Examen Periódico Universal, los miembros de las Naciones Unidas llamaron la atención sobre el espacio limitado de la Sociedad Civil en el país y, en particular, los casos de acoso contra activistas.

“El Gobierno de Guinea Ecuatorial se ha embarcado en un plan anticorrupción acordado con el Fondo Monetario Internacional, y un pilar clave de estos planes es la rendición de cuentas, un elemento que solo tienen sentido si existe y se permite una ciudadanía libre y activa”, dijo Tutu Alicante, Director Ejecutivo de EGJustice. En este sentido “es necesario que cese toda forma de acoso contra activistas como Joaquín Elo Ayeto y su ONG Somos+, una de las más activas durante la pandemia del COVID-19”, añadió.

EGJustice, CEID y la CEJ apelamos al Gobierno a cumplir con sus compromisos ante las Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, y a aceptar la invitación del Consejo Directivo del EITI para realizar una nueva solicitud tras eliminar todas las trabas que impiden que la Sociedad Civil se desenvuelva libremente. Primordialmente, solicitamos la inequívoca e inmediata revocación de la prohibición que pesa sobre CEID, la legalización de muchas organizaciones cuyos expedientes están retenidos sin aprobación en el Ministerio del Interior, y que se permita los activistas desempeñar su labor libremente.

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